Reclaman convocatoria nacional para prevenir suicidios de ex combatientes

La iniciativa del Ministerio de Defensa prevé que los 12.002 conscriptos que combatieron en las Malvinas contra las tropas británicas se sometan a la revisión médica y psicológica prevista en una ley de la década del \'80.

Buenos Aires.- El Ministerio de Defensa podría satisfacer una demanda histórica de los veteranos de la Guerra de Malvinas, en caso de aceptar una recomendación del Defensor del Pueblo de la Nación, y efectuar una convocatoria nacional para que los ex soldados que tomaron parte en aquella contienda bélica se sometan a la revisión médica y psicológica prevista en una ley de la década del \'80.

La iniciativa prevé que los 12.002 conscriptos que combatieron en las islas contra las tropas británicas, de acuerdo con datos suministrados por las Fuerzas Armadas, sean atendidos por juntas médicas civiles –no militares, como suele suceder hasta el momento– en busca de establecer y diagnosticar, si corresponde, posibles trastornos de salud o psicológicos relacionados con el conflicto armado de 1982.

Los ex combatientes confían además en que una convocatoria nacional de salud por parte del Estado nacional, como lo determina la Ley 23.109, con su decreto reglamentario 509 de 1988 y la resolución número 130 de 1991 del Ministerio de Salud, ayude a prevenir nuevos suicidios de ex soldados producto de secuelas de la guerra.

"El punto al que hemos llegado es histórico, porque jamás habíamos logrado que esto creciera de forma tal que lo tomara el Defensor del Pueblo. Esto no había estado jamás en la agenda de ningún Gobierno, sólo ahora empieza a estar", destacó Gustavo Pirich, referente del movimiento de veteranos de guerra Alternativa 28 de marzo (M28).

Pirich, quien se encargó junto con su colega Alfredo Pucci del M28 de llevar el reclamo de los ex soldados a la Defensoría del Pueblo, celebró el compromiso de ese organismo para acompañar la demanda y en declaraciones a Noticias Argentinas se mostró confiado en el que el ministro Arturo Puricelli acepte la recomendación.

"Si el Estado la convoca, nosotros la garantizamos, aunque tengamos que ir a buscarlos uno por uno (a los ex combatientes), es un acto solidario", aseguró el veterano, que agregó: "Sería el comienzo verdadero de un plan de salud, que empieza con una junta médica civil para cada uno de nosotros, como establece la ley".

"Algunos pueden decir que es tarde, pero más vale tarde que nunca y aún se está a tiempo de frenar más muertes, incluyendo por supuesto suicidios y enfermedades", remarcó Pirich, que indicó que según datos de los centros de veteranos, la cantidad de ex soldados que se quitaron la vida después de la guerra es superior a la cifra de 649 bajas que se registraron en el Ejército argentino durante el combate de 1982.

Pirich recordó que en junio de 2008 autoridades del Ministerio de Defensa se comprometieron a evaluar una convocatoria nacional, pero luego esa cartera esgrimió que la mayor parte del universo de ex combatientes se habían sometido a juntas médicas, por lo que desistió –en un principio– de instrumentar la medida.

"El Defensor del Pueblo demostró que no es así", comentó el veterano, que indicó que según registros de las Fuerzas Armadas, sólo se formaron 3.103 juntas médicas militares para atender a los ex conscriptos, una cifra que representa apenas un 25,8 por ciento del total de jóvenes soldados que tomaron parte en la guerra contra Gran Bretaña.

Otras 149 juntas médicas civiles evaluaron a ex combatientes que se presentaron en forma particular y diagnosticaron algún grado de incapacidad relacionada con el conflicto armado en el 96,64 por ciento de los casos (144).

En el ámbito castrense, ese porcentaje se reduce al 47,41 de los ex conscriptos examinados.

Por éste y otros motivos, como por ejemplo para evitar que los ex soldados vuelvan a sentirse victimizados frente a sus "superiores" militares cada vez que acuden a una junta médica de esas características, es que el adjunto I a cargo de la Defensoría del Pueblo, Humberto Sella, recomendó el cumplimiento de la Ley 23.109, como demandan incluso distintos organismos de Derechos Humanos del país.

"Nosotros queremos que se lleve a cabo la Convocatoria Nacional Obligatoria. Nos parece que ahora, después de 30 años, sería dar una respuesta merecida a la gente que por ahí no tuvo posibilidades de tener acceso a la salud", expresó Dante Gustavo López, integrante del área de DD.HH. de la Defensoría.

"El Ministerio de Defensa tiene la obligación de dar una respuesta y esperamos que esa respuesta sea positiva", manifestó, y agregó: "Esto al Estado no le genera ningún tipo de gasto extra, nada está fuera del presupuesto, porque se hace a través de las Juntas Federales Sanitarias, que ya están implementadas".

En este sentido, López remarcó en diálogo con NA que "el procedimiento ya está establecido, lo que ocurre es que nunca se llevó a cabo" y entendió que si "está la ley, está el decreto reglamentario y está la resolución del Ministerio de Salud", sólo falta la "decisión política" de llevar adelante la convocatoria.

La cartera que preside Puricelli debería responder esta semana a la resolución del Defensor del Pueblo, que podría recurrir incluso al Congreso nacional en caso de que la decisión que tome el Ministerio no resulte satisfactoria.